Marca España: Inseguridad jurídica

Llevo casi dos meses sin escribir nada. Recopilo los artículos de prensa como siempre, los distribuyo entre los amigos pero no encontré ni hueco ni motivación para seguir contando lo que veo. 

Todo sigue muy mal, ahora me llega información de ciudadanos con problemas por todos lados, la refinería de Santa Cruz en situación crítica, empresas públicas o semi-públicas con serias dificultades (ITC, Emalsa, etc.), y buques insignia de la Marca España como la Cooperativa Mondragón (Fagor, Eroski), Pescanova, El Corte Inglés, ... están sufriendo los embates de la crisis en su sexto año.

Nos dicen otros que los inversores vienen de fuera porque ven ya algo de luz al final del túnel

Y los bancos locales me confirman que a Canarias está recibiendo ya inversión externa, pero concentrada principalmente en el sector inmobiliario, que alivia la carga de los bancos pero no genera empleo, o lo hace a un ritmo muy lento (nuevos negocios en los inmuebles comprados en nuestro territorio).

Bueno, viendo este recorrido que alguno valora como "brotes verdes", vamos esta semana y montamos un lío en el sector energético que no hace otra cosa sino reventar lo poco que quedaba de confianza, y nos pone la etiqueta de "país inseguro jurídicamente para los negocios".

El lío de las renovables

Este titular es demoledor

Han demandado a España ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), el organismo de arbitraje que forma parte del Banco Mundial. España tendrá que defenderse ante el principal centro de arbitrajes contra Estados para la protección de inversiones. Es el mismo organismo ante el que Repsol demandó a Argentina por la expropiación de YPF. El Estado español se jugará cientos de millones de euros en los tribunales.

Nuestro Gobierno contesta con afirmaciones como esta:

Pero este conflicto lo anunciaba en 2010 el presidente de una de nuestras empresas estrella Gamesa:

En julio pasado, esta declaración tomó forma en el sector de las renovables

Unas 30.000 familias, según estimaciones de tres asociaciones del sector, están al borde de la quiebra por su apuesta decidida por la energía sostenible. En 2007, animados por un decreto del Gobierno que fomentaba las energías renovables para cumplir con los objetivos de Kioto de reducción de emisiones de CO2, se entramparon para adquirir pequeñas instalaciones de energía fotovoltaica poniendo sus ahorros y sus bienes como garantía. La mayoría son agricultores y ganaderos que buscaban un complemento de renta de unos 400 o 500 euros mensuales. Los recortes de los Gobiernos socialista y popular al sector —primero redujeron los años que les garantizaban las primas, después hubo una limitación horaria en la retribución, también se han aprobado nuevos impuestos— les han dejado en una situación límite. De las 59.835 instalaciones que hay en España, 34.000 pertenecen a personas físicas,

Estos pequeños inversores cavaron su tumba de crédito en 2008 donde nos volvimos literalmente locos y multiplicamos por 5 la potencia instalada hasta el momento :

Aquí es cuando hicieron su inversión también los fondos que nos han denunciado ahora. Pero estos 30.000 pequeños inversores son de perfiles totalmente distintos. Lo veían como una inversión segura, con la garantía del Estado, por lo que pensaron que podía servir como plan de pensiones, o para diversificar su dedicación al campo o a los animales.

Los particulares invirtieron en paneles solares animados por el real decreto 661/2007 que establecía un sistema de primas por la emisión de energía para compensar los grandes desembolsos que acarreaba la adquisición de instalaciones fotovoltaicas.

El primer recorte llegó en 2010. Mediante otro decreto, el 1565/10, se limitó la retribución de las instalaciones a 25 años. Antes se podían percibir las primas durante toda la vida útil de la instalación. En ese mismo año, el real decreto ley 14/10 reduce también el número de horas de emisión de energía con derecho a subvención.

En 2012, la Ley 15/2012 estableció un nuevo impuesto del 7% sobre la generación de electricidad. En 2013, el real decreto 2/2013 congela la actualización del IPC.

¿Qué pasó para que esta inversión se viniera abajo? Varios especialistas coinciden en que el gran error del Gobierno socialista fue no limitar la potencia fotovoltaica con derecho a prima, la ayuda que cobran por vender su energía al sector eléctrico.

En 2010 Sebastián redujo a 25 los años que les garantizaban las primas —antes se podían percibir durante toda la vida útil de la instalación—, y ese mismo año bajó también el número de horas de emisión de energía con derecho a subvención. El primer soponcio con el PP, a finales de 2012, lo protagonizó el impuesto del 7% sobre la generación de electricidad. Este año, les congelaron la actualización del IPC. Si sus ganancias iniciales ya habían bajado entre un 30% y un 40%, la reforma del sector energético las vuelve a bajar a la mitad. Según el decreto principal, las renovables pasarán a recibir una retribución “razonable”, y que el Gobierno estimará en función de unos parámetros alambicados que vendrán a suponerles un ingreso de un 7,5% antes de impuestos.

Conclusión

Me ha sorprendido, desde que leí las primeras noticias, el perfil de los pequeños inversores (agricultores, peluqueros, etc.), clase media que se hipotecó hasta las cejas, arrastrando muchas veces a sus familias, pensando en un escenario de perpetúas ganancias (hablan todos de complemento al retiro).

Nos metimos en un lío descomunal, que por las denuncias de los fondos de inversión se demuestra que vinieron muchos de fuera al mismo circo. Pero esta semana un buen amigo me contó cómo funcionaba esto. Esto que les cuento es un ejemplo de negocio en un parque solar en España. Los números son iguales a los que aparecen en las noticias de los inversores medios.

Con 300.000€ iniciales, se consiguen 18 millones de inversión de bancos. En 15 meses se consolida el proyecto y se pasa a vender. Se coloca por 24 millones a un fondo de inversores, luego un beneficio de 5.7 millones en tiempo record. Posteriormente, el fondo propietario lo fraccionó en varios trozos y los vendió a otros fondos,  obviamente sacando su beneficio. Quizás alguno de los que ahora denuncian a España.

Quien me contó esto lleva más de 10 años en el sector de las renovables, con inversores de todo Europa y haciendo negocios en todo el mundo. Dos cosas me dejó claras: el país más seguro es EE.UU., y muy competitivo, los beneficios allí no se asemejan a los que hay por estas latitudes; el más inseguro, sin duda España. Vivió de primera mano el escándalo de nuestro primer concurso eólico, cancelado al igual que el segundo que lo ha sido recientemente.

He dicho muchas veces que la presencia de lo público en nuestra economía es demasiado alta. Desde mi entorno laboral por la enorme dependencia de las subvenciones para poder vertebrar la innovación y la sociedad del conocimiento que tanto necesitamos para salir de la crisis:  "Si no hay subvención, no se innova".

Con esta crisis en el sector de las renovables, otra vez crucial para nuestra economía, vuelve a saltarme el mismo sentimiento. Los inversores ponen el dinero en algo que depende de que le gobierno las bonifique "sustancialmente altas, sin límite de proveedores y de por vida". Claro, vino una crisis en algún momento y se rompió la baraja.

¿Cómo nos creímos que esto podía mantenerse de por vida? Claro, el sol no esperamos que se apague.